La Asociación Civil Abogados por la Vida - Santa Fe advierte con preocupación que "se agravie y se pretenda descalificar la actividad y la existencia" de las organizaciones provida.

Al respecto, la asociación recuerda que "la ley 27.610 -palmariamente inconstitucional- crea un falso derecho al aborto", recuerda que el Congreso también sancionó la Ley 27.611, de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que tiene como objeto la “atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y niñas hasta los tres (3) años de edad”.

Y se señala "que es en este marco de legalidad que actúan las instituciones que como Grávida ofrecen atención a las mujeres embarazadas, especialmente las más vulnerables", a la vez que se advierte: "Esto, porque en la mayoría de los casos el Estado está ausente o se dedica simplemente a ofrecer el aborto como única alternativa. O lo que es peor: se dedica a imponerlo como obligatorio".

Los abogados santafesinos sostienen que "el escarnio público al que es expuesta Grávida denota un acto de evidente discriminación, que tiende a coartar la libertad de desarrollar su objeto, que es no sólo lícito sino también tendiente al bien común".

Firman el comunicado de la asociacón profesional su presidente, doctora Carlota López, y el secretario, Maximiliano Dayer.

Texto del comunicado
Con motivo de hechos de reciente conocimiento público, la Asociación Civil Abogados por la Vida - Santa Fe advierte con preocupación que se agravie y se pretenda descalificar la actividad y la existencia misma de las organizaciones provida.

Esta Asociación de Profesionales del Derecho enfatiza que los niños por nacer son Personas protegidas por el denominado Bloque Constitucional, constituido por nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de análoga Jerarquía.

La Vida por Nacer, por esencia indefensa e inocente, debe ser garantizada por el Estado, coadyuvando con toda la protección y el respeto que le debe la Sociedad Civil.

En este sentido, a la luz de lo expresado, se realizan las siguientes consideraciones:

- La ley 27.610 -palmariamente inconstitucional- crea un falso derecho al aborto. Sin perjuicio de ello, la misma norma regula -aunque de forma deficiente- el proceso de consentimiento informado que se debe obtener para la realización de la práctica el cual debe ser libre y voluntario.

- Sin embargo, observamos con mucha preocupación que el Estado no actúa así, sino que considera que toda mujer violada está obligada a abortar, aun en contra de su voluntad. Esto, sin dudas, constituye un grave acto de violencia institucional, que no se puede desconocer y que debe cesar de inmediato. Máxime cuando -como en el caso que nos ocupa- se trata de niños a quienes el Estado les debe una protección especial, en virtud de los compromisos adquiridos ya señalados

- El mismo poder legislativo que sancionó la ley 27.610 hizo lo propio con la 27.611, LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA, que tiene como objeto (la) “Atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y niñas hasta los tres (3) años de edad”.

- Que es en este marco de legalidad que actúan las instituciones que como Grávida ofrecen atención a las mujeres embarazadas, especialmente las más vulnerables. Esto porque en la mayoría de los casos el Estado está ausente o se dedica simplemente a ofrecer el aborto como única alternativa. O lo que es peor: se dedica a imponerlo como obligatorio.

- Que el escarnio público a la que es expuesta Grávida denota un acto de evidente discriminación que tiende a coartar la libertad de desarrollar su objeto que es no sólo lícito sino también tendiente al bien común.

Es por lo expuesto que esta Asociación no sólo expresa su inquietud y su repudio, sino que exhorta a las autoridades provinciales a velar por el cuidado de la salud y la vida de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer de Santa Fe. A la vez se solicita el respeto la libertad de trabajo -en el marco de la legalidad y el cumplimiento de su objeto- de todas las organizaciones que nos ocupamos de la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.

La tutela de la vida y el acompañamiento a las madres vulnerables pueden legítimamente procurarse en ejercicio de la libertad de asociación y merecen público reconocimiento y elogio.