Frente a la aparición de la Resolución Ministerial Nº 252/20 del Ministerio de Educación, tres diputados provinciales presentaron proyectos relacionados con los Colegios Públicos de Gestión Privada. El primero fue el del Diputado Hugo Ávila en el que proponía que no se pagaran los aranceles en su totalidad ya que los alumnos no estaban asistiendo a clases. El segundo, de la Diputada Natalia Saseta, sostiene la reducción del 50% del valor del arancel; en ambos casos, mientras dure la pandemia y de forma excepcional. El tercero, de la Diputada Ana Díaz, trabaja sobre la transparencia de los aportes que reciben estas instituciones, pero con un alcance mayor, busca la modificación de algunos artículos de la ley de Educación y la Ley de Privada que rigen directamente sobre el tema de los aportes que éstos reciben del estado.

En ninguno de los tres casos, los Diputados se informaron previamente de la situación de las instituciones educativas, más allá de la información que tal vez hallan evacuado en el Ministerio. Tal vez se quedaron con la voz de una sola campana, y sus discursos generaron una lógica confusión y expectativas en los padres respecto del pago de los aranceles, y una opinión negativa de los colegios privados en la sociedad en general.

¿Por qué decimos que no escucharon la otra campana? Porque tanto los Diputados Ávila como Saseta también presentaron proyectos buscando defender a los trabajadores ante esta situación de pandemia y, tal vez, no se percataron que, con los aranceles que cobran los colegios, más del 70% de los ingresos van destinado al pago de sueldos de los trabajadores contratados y de aquellos que no están en la POF (Planta Orgánica Funcional). Todo esto sin mencionar la lógica morosidad por la situación económica actual, ya que las familias se vieron afectadas por el cierre de sus emprendimientos o trabajadores dependientes de estos.

Por otro lado, los colegios públicos de gestión privada siguen impartiendo clases, sus docentes están trabajando y entre esos docentes están algunos pagados con aporte estatal y otros con los aranceles cobrados. Por otro lado, el personal administrativo continúa trabajando como así también los representantes legales para el normal desarrollo de todas las actividades, aunque con la particularidad de la virtualidad y las medidas preventivas.

Es evidente que esta pandemia puso al descubierto crudamente problemas que se vienen acarreando de hace años en todos los órdenes de la vida y que necesitan ser solucionados, la situación de encierro era un momento oportuno para revisarlo y evaluarlo, pero sin dudas no para ejecutarlo en este tiempo tan particular. La oportunidad no siempre es oportuna, pero sin dudas da lugar al oportunismo.