Por ello, han suscrito un manifiesto – no solo por las amazónicas – sino por todas las mujeres del mundo, en el que reconocieron su valiosa contribución en diversas actividades pastorales, de catequesis, pastoral social, misiones, voluntariado y formación en la región pan amazónica. Es imperativo que «su ministerialidad, su liderazgo y protagonismo sean ampliamente reconocidos”.
A pesar de esta presencia activa, las mujeres en la Iglesia enfrentan barreras al vivir en un contexto violento caracterizado por el “machismo, autoritarismo, clericalismo, marginación, invisibilización y exclusión”.
La demanda de acceso equitativo a funciones y servicios eclesiales que impliquen estabilidad y reconocimiento público fue una respuesta a las “exigencias evangélicas” y un deseo de contribuir a que la Iglesia responda a “las necesidades concretas de la sociedad».
En el manifiesto reflejaron el dolor ante la persistencia de un sistema sexista, conservador y clericalista en la Iglesia. Lamentaron las “pocas oportunidades para las mujeres en una Iglesia dominada por hombres».
Además, expresaron el dolor ante “la violación de los derechos de las mujeres, la discriminación de género, la violencia sexista, la brecha salarial, la falta de representatividad de nuestras lideresas, el aumento de feminicidios, el incremento de amenazas, acosos y asesinatos a defensoras de derechos humanos y ambientales”.
La Asamblea Eclesial (2021) y los procesos de escucha sinodal panamazónica (2019) fueron oportunidades para reflexionar sobre “la plena participación de las mujeres en los diferentes organismos eclesiales”.
Asimismo destacaron la necesidad de que esta participación sea reconocida y valorada, al superar las fallas relacionales y estructurales entre hombres y mujeres en la Iglesia. En este contexto, las mujeres exigen un papel diferente en la Iglesia, y su llamado va “más allá de las meras afirmaciones de una Iglesia sinodal y en salida”.
Ellas señalaron la necesidad de que su voz “tenga fuerza vinculante y promueva la erradicación de toda forma de autoritarismo, discriminación y exclusión de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad».
Frente a estos desafíos, instaron también a las autoridades civiles y eclesiales a “un mayor compromiso con la defensa de la vida de las mujeres” toda vez que existe la urgencia de “renovar y reformar nuestros procedimientos, acuerdos institucionales y estructurales”.
También han pedido a los jerarcas de la Iglesia “se permita la participación plena y activa de las ministras en los procesos de gobierno y toma de decisiones, dándoles voz y voto en los órganos de decisión de la Iglesia”, porque “si queremos lograr la sinodalidad” será clave un cambio radical.