Los obispos estuvieron representados por Dom Evaristo Spengler, obispo de Roraima y presidente de la Red Eclesial Panamazónica (Repam); Dom Pedro Brito, arzobispo de Palmas y vicepresidente; Dom Ionilton Lisboa, obispo de la Prelatura de Marajó y secretario de la Repam; así como Dom Ricardo Höepers, secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB). También participaron el padre Leandro Megeto, vicesecretario general; la hermana Irene Lopes, secretaria ejecutiva de la Repam; y Melillo Dinis, asesor jurídico.

Panorama preocupante

Los obispos presentaron un diagnóstico actualizado de la situación socioambiental basado en una consulta realizada en 2023 con las comunidades locales: “El enfoque en las riquezas de la Amazonía ha sido mayor que el enfoque en las personas que viven allí”, alertaron, denunciando la falta de medidas para proteger a las poblaciones tradicionales y garantizar una transición justa hacia una economía sostenible.

Según informó la Repam Brasil, durante la reunión se abordaron temas como la infraestructura en la región, la situación de la Amazonía en el contexto de la COP30 y el fortalecimiento de las agencias ambientales.

Repam resaltó el agravamiento de la emergencia climática, evidenciado por eventos extremos que impactan directamente a las poblaciones amazónicas.

Compromiso gubernamental

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, manifestó que el compromiso del Gobierno de Brasil es el de mantener un diálogo abierto y buscar soluciones concretas a los desafíos presentados.

Entre los puntos destacados está el fortalecimiento de los organismos ambientales, con nuevas competencias para Ibama e ICMBio, así como la ampliación de la presencia del Estado en la Amazonía.

Repam Brasil continuará monitoreando el avance de estas agendas y movilizando esfuerzos para garantizar la justicia socioambiental en la región. Tanto la COP30 como la Cumbre del Tratado de Cooperación Amazónica se presentan como oportunidades estratégicas para reforzar las acciones climáticas y asegurar financiamiento adecuado para la protección de los territorios y poblaciones amazónicas.

Retos y perspectivas

Los participantes de la reunión también señalaron que se debe continuar el diálogo y fortalecer alianzas, priorizando la protección del medio ambiente y la justicia social. Se reconocieron avances en la reconstrucción de políticas públicas para la Amazonía, incluyendo la reducción de la deforestación y el fortalecimiento de las agencias ambientales: “Estamos fortaleciendo Ibama e ICMBio, con concursos para nuevos empleados, como parte de este proceso”, declaró la ministra Silva.

Otro tema fue la necesidad de combatir los delitos ambientales y la minería ilegal, así como la participación del crimen organizado en la región y la necesidad de aumentar la presencia del Estado.

Asimismo, se habló sobre los impactos de la contaminación ambiental, como la calidad del aire y la contaminación por mercurio, que afectan directamente la salud de las comunidades locales. Datos recientes indican que las ciudades amazónicas han registrado la peor calidad del aire en los últimos 20 años debido a incendios y el uso de diésel. El monitoreo de la contaminación por mercurio, realizado con el apoyo de organismos como Ibama y Funai, también reveló niveles alarmantes de contaminación en el suelo, el agua y la sangre de las poblaciones afectadas por la minería ilegal.

De cara a la COP30, se remarcó la necesidad de implementar acciones para enfrentar el cambio climático, más allá de definir lineamientos generales. Uno de los desafíos prioritarios es garantizar financiamiento adecuado para los países vulnerables, con un objetivo de 1,3 billones de dólares anuales. Sin embargo, la COP29 solo logró asegurar 300 mil millones de dólares, evidenciando un déficit de inversión.

La posición de Estados Unidos fue señalada como un obstáculo para lograr avances significativos, aunque se espera que la presión nacional e internacional pueda impulsar un mayor compromiso con la agenda climática.

Ante este panorama, Repam Brasil insiste en que se debe tener un enfoque integral que tenga en cuenta la realidad de los pueblos amazónicos y garantice soluciones sostenibles y justas para la región.