La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad y solicitó una respuesta urgente al Estado nacional.

A través de una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, los obispos advirtieron sobre la crisis económica "de extrema gravedad" que afecta a estos espacios, como consecuencia del retraso y la insuficiencia en los aportes estatales.

Según señalaron, esta situación genera déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, tales como la alimentación, la provisión de medicamentos y el pago de salarios al personal que asiste diariamente a las personas con discapacidad.

El Episcopado destacó que en los últimos días se ha visibilizado con mayor fuerza la realidad de estas instituciones, en las que se desarrolla una tarea "silenciosa y generosa" que refleja el compromiso solidario de la sociedad, especialmente en el acompañamiento de quienes más lo necesitan.

Entre los casos mencionados, se encuentran los cottolengos Don Orione, en los que la continuidad del cuidado de unas 1.200 personas con discapacidad se encuentra en riesgo inmediato. Allí, indicaron, los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde fines de 2025, mientras aumentan los costos operativos.

Los obispos alertaron que las consecuencias ya son visibles: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, limitaciones para recibir nuevos residentes y deterioro en la calidad de las prestaciones. En muchos casos, añadieron, se trata de personas que requieren asistencia integral para las actividades más básicas de la vida cotidiana.

Las personas con discapacidad no pueden esperar
En ese contexto, recordaron que en mayo del año pasado ya habían advertido que "las personas con discapacidad no pueden esperar" y reiteraron el pedido de cumplimiento de la ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas para este sector.

Asimismo, subrayaron que estas obras -muchas nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles- constituyen un patrimonio social fundamental, al tiempo que remarcaron que el cuidado de la vida y de los más frágiles es un pilar esencial de toda sociedad.

Finalmente, la Comisión Ejecutiva solicitó una respuesta "concreta, visible y urgente" que permita garantizar la continuidad de estos servicios, y expresó su disposición al diálogo para contribuir a una solución que lleve alivio a instituciones, familias y personas afectadas.

El documento lleva las firmas de monseñor Marcelo Colombo (Mendoza), presidente del Episcopado; el cardenal Ángel Rossi SJ (Córdoba), vicepresidente primero; monseñor Daniel Fernández (Jujuy), vicepresidente segundo; y monseñor Raúl Pizarro (auxiliar de San Isidro), secretario general.