El documento recuerda que la Iglesia Católica y el CFM comparten un compromiso con la vida humana “desde la concepción hasta su fin natural” y con la ética médica, el respeto a la objeción de conciencia y los límites legales de la práctica médica.
La CNBB y el CFM señalan que la Constitución Federal de 1988, en el encabezamiento del Artículo 5, consagra el derecho a la vida como “el primero y más fundamental de todos los derechos” y que sobre este se sustentan todos los demás.
La inviolabilidad de la vida, sostienen, es un imperativo ético y legal que debe ser respetado “en todas las etapas de la existencia humana, incluso en el útero”.
En su argumentación, resaltan que “la vida del no nacido es una vida indefensa, una vida que no viola los derechos de nadie ni ha cometido injusticia alguna”, y que el feto, además de igualdad de derechos y seguridad, merece “plena defensa”, de acuerdo con las garantías constitucionales.
El texto describe la asistolia fetal como un procedimiento que consiste en “inyectar cloruro de potasio directamente en el corazón del feto, provocando la muerte por paro cardíaco”. Para CNBB y CFM, esta práctica es “inhumana, dolorosa y desproporcionada” y “viola directamente el principio de dignidad humana”.
Recuerdan que la asistolia fetal no está permitida “ni siquiera en la eutanasia animal según diversos protocolos legales” y que el cloruro de potasio se utiliza en la ejecución de condenados a muerte.
El pronunciamiento señala como un avance ético la Resolución n.º 2.378/2024 del CFM, que prohíbe la asistolia fetal, pues “reconoce los límites de la práctica médica cuando toca la frontera de la vida humana en su forma más vulnerable”.
La CNBB expresa su apoyo a los profesionales de la salud que, basándose en el derecho constitucional a la objeción de conciencia (art. 5, VI, CF/88), se nieguen a participar en procedimientos de aborto. “Cualquier intento de castigar o coaccionar” a quienes actúan según su conciencia y los principios de la bioética es calificado como “inaceptable”.
El documento insiste en que defender la vida exige coherencia y compromiso, especialmente con “seres humanos indefensos y sin voz”. Citando al Papa León XIV, recalca que “ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente justa y civilizada si no es capaz de proteger a los más vulnerables… desde la concepción”.
“Estos no tienen otra forma de defenderse que la voz de quienes ya han nacido y reconocen el valor sagrado de toda vida humana”, insisten las instituciones.
Los obispos y el CFM reiteran su llamado a los poderes públicos, en especial al Supremo Tribunal Federal, para que preserven la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural, respetando los preceptos constitucionales, la ética, la ciencia médica y la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.